Hace unos días tuvimos conocimiento que a finales de año estará operativa la nueva comisaría de Ciutat Vella en la calle de las Tapias, cuyas obras, que costarán 1,3 millones de euros, en el edificio propiedad del Área Metropolitana de Barcelona y que será alquilado durante 15 años por el ayuntamiento de Barcelona por unos 243.600 euros anuales, pudiéndose prorrogar durante 10 años más. ¿Y después qué? Siendo el coste total, sin IPCS ni IVAS, de 7.4 millones de euros… por ese dinero se podrían construir 2 comisarías nuevas en propiedad.
También está previsto construir desde hace un año, aunque todavía no se han iniciado los trabajos ni se sabe cuándo lo harán, las comisarías de Sarria-Sant Gervasi (Av. J.V. Foix, número 103) y Sant Andreu (calle Potosí, número 1), así como un edificio para la formación policial en el Poblenou, que a este paso llevan el mismo camino que la comisaria de las Corts, que está aprobado desde el año 2017 el proyecto de remodelación integral de la comisaría con un coste de 4.5 millones de euros y no se ha realizado por falta de inversión.

El caso más grave es la Sala Conjunta de Comandament ubicada en la calle Lérida de forma provisional desde el año 2005, con innumerables denuncias en inspección de trabajo por sus múltiples deficiencias, realizando la administración parche sobre parche para salir del paso. El 30 de julio de 2021 los sindicatos SAPOL y SAP, mayoritarios en Guardia urbana de Barcelona y Mossos d’Esquadra respectivamente, comparecimos en el Consell de la Policía de la Generalitat para reclamar una solución definitiva para la Sala Conjunta de Comandament. Denunciamos ante el Conseller d’Interior las condiciones de salud y seguridad laboral bajo las cuales tienen que trabajar en ese edificio los efectivos de Guardia Urbana de Barcelona y Mossos d’Esquadra, reclamando su cierre definitivo y un cambio de ubicación.

Esto es una cuestión prioritaria debido a que está en juego la salud de nuestros compañeros y compañeras Un edificio que ha estado considerado como enfermo por las deficiencias que presenta y por el alto índice de enfermedades graves que ha generado, 25 casos de cáncer diagnosticados en las personas allí destinadas. Ambas administraciones, al parecer coinciden comprometiéndose en la necesidad de un cambio de ubicación, pero pasados los años, este compromiso no se ha consolidado, todo sigue igual y nada parece indicar que tengan interés en resolverlo de forma inmediata, todo son escusas para no hacerlo realidad, los cambios en la dirección de la policía de la Generalitat, los cambios de cartera constantes al frente de la Conselleria d’Interior, las alteraciones que ha provocado en todos los sectores la pandemia, no disponer de solares ni recursos económicos, etc. Este año 2022 está previsto invertir, entre otras:
• 44.5 millones de euros para la reforma de la Rambla de Barcelona.
• 33 millones de euros para la reforma de Vía Layetana.
• 32.5 millones de euros para la conexión del tranvía por la Diagonal.
• Para la reconversión de los 40 mil metros cuadrados de la antigua cárcel modelo, o la remodelación de los más de 133.000 metros cuadrados de la Fira de Montjuic si hay solar y dinero.

Ya no se trata de atender las demandas de los colectivos policiales, poco apreciados y defendidos por ustedes, se trata de la salud y las condiciones laborales de las personas trabajadoras de sus administraciones, que desempeñan su trabajo en ese sótano. Si la Guardia Urbana quiere ser la primera línea de asistencia al ciudadano debe tener comisarías e instalaciones apropiadas y acondicionadas para ello.